La Generalitat Valenciana atesa les orelles

El Parlamento Europeo condena los abusos del urbanismo valenciano por segunda vez

Noticia apareguda al Diari Levante el dia 22 de juny

El Pleno del Parlamento Europeo volvió a condenar ayer los abusos urbanísticos que se cometen en algunas partes de España y especialmente en la Comunitat Valenciana mediante una resolución que, en términos parecidos al Informe Fourtou de diciembre de 2005, se refirió a casos de corrupción, reprochó la actitud de los promotores y pidió la actuación de las autoridades regionales y estudiar posibles compensaciones.

La Eurocámara aprobó por 327 votos a favor, 222 en contra -entre los que se contaron todos los del PP español- y 35 abstenciones, una resolución que «lamenta profundamente » que los abusos de los que dan cuenta en el informe sobre la visita de parlamentarios a España en marzo -que fue la tercera a la Comunitat- « se hayan extendido a varias regiones españolas, especialmente a la Comunitat Valenciana ».El Parlamento Europeo «expresa su más enérgica condena y oposición a los macroproyectos de urbanización emprendidos por empresas constructoras y promotores inmobiliarios, que no responden en absoluto a las necesidades reales de las ciudades y los pueblos afectados, son insostenibles en el plano ambiental y tienen un impacto desastroso en la identidad histórica y cultural de las zonas afectadas» . En este sentido, « ruega » a España y a los gobiernos autónomos, «en particular al Gobierno de la Comunitat Valenciana », que « reconozcan el derecho de las personas a su propiedad adquirida legalmente » y apliquen la legislación española para « prohibir » que decisiones de autoridades locales y regionales « vulneren» estos derechos.

La resolución también « pone en tela de juicio los métodos de selección de los promotores y agentes urbanizadores » que, según el Parlamento Europeo, tienen «competencias a menudo excesivas ». Critica asimismo «la práctica encubierta de algunos promotores inmobiliarios que, de forma subrepticia, socavan los derechos a la propiedad» . Por último, la resolución « insta a las autoridades regionales a que creen comisiones administrativas especiales », en las que participen los defensores del pueblo locales, los habitantes y que cuenten con « servicios independientes de investigación » y « arbitraje » ante este tipo de conflictos. Añade que « cuando deba compensarse la pérdida de propiedad inmobiliaria », ésta se calcule en base a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE y del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.