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dijous, 3 de juliol de 2014

Vicente Cotino y el constructor Ortiz pidieron suprimir las ayudas a la dependencia para llenar sus geriátricos

Se hizo un informe jurídico contra los familiares cuidadores que pagó la patronal

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El saqueo de lo público para hacer rentables negocios privados que se reparten el dinero entre cuatro llega a unos niveles de escándalo de tal calibre en la Comunidad Valenciana que resultan ya difíciles de digerir: desde la visita del Papa hasta la ayuda a los pobres del tercer mundo pasando por los dependientes. No hay sector alguno, desde urbanismo hasta las basuras o la depuración de aguas donde no aparezca una trama corrupta con alguien del PP salpicado o directamente imputado. En el caso de los dependientes la falta de escrúpulos es absoluta para enriquecerse a costa del sufrimiento de los demás.
“Habrá que hacer algo para que esto se pare”
El todopoderoso empresario, promotor y constructor de Alicante, Enrique Ortiz, amigo de la alcaldesa que lleva dos años imputada y que se niega a dimitir por hacer un plan de urbanismo acorde con los intereses de Ortiz, aparece esta vez como socio de la familia Cotino, cuyo representante más famoso es Juan Cotino, actual presidente de las Cortes valenciana y ex director general de la Policía con Aznar. Los negocios y la fortuna de la familia Cotino dan para mucho.
Dentro de la Operación Brugal la policía grabó una serie de conversaciones que ahora han sido desveladas y que revelan un nuevo negocio que se traían entre manos: conseguir que la Generalitat dejara de pagar a las familias con dependientes para llenar las residencias propiedad de la familia Cotino y de Ortiz.
Se da la circunstancia de que Juan Cotino también fue conseller del Gobierno valenciano, nada más y nada menos que de Bienestar Social. Impensable que este dirigente del PP crea que la Dependencia es un derecho y un servicio público cuando su familia participa en un negocio de residencias.
Las grabaciones
En las conversaciones, cuyo contenido desveló El Mundo, se escucha a tres personas: Vicente Cotino, Enrique Ortiz y Arturo Alario, director de las residencias Savia-Gerocentros. Vicente Cotino es sobrino del actual presidente de las Cortes Valencianas y uno de los hombres más poderosos del PP valenciano.
Está grabada una conversación entre el empresario Enrique Ortiz y Vicente Cotino el 12 de febrero de 2009. El ‘sobrinísimo’ estaba en el Caribe y en esa conversación Ortiz le dice que hay que “presionar” a Joaquín Martínez, número dos de la consejería de Bienestar Social. Ortiz explica que “el conseller tiene todo el interés del mundo en llenar nuestras residencias, pero Joaquín Martínez se está tocando los cojones y le da lo mismo llenar nuestras residencias que las del tío de la boina”. Cotino le responde que verá a Martínez y se lo dirá, pero Ortiz no se conforma y recomienda a Vicente Cotino que le llama “alguien relevante” “otro conseller” y que le diga “que se tome en serio lo de esta empresa”. Es decir, que entre el sobrino de Cotino y el constructor Ortiz tienen la influencia suficiente para mover a varios consejeros autonómicos.
La patronal paga un informe contra las familias
Ese mismo día, Ortiz habla por teléfono con el gerente de las residencias, Arturo Alario. El director gerente le explica que han pedido un informe jurídico con el que se demostraría que pagar ayudas a familiares cuidadores es ilegal. Y además que ese informe lo ha pagado la patronal: “Vamos a hacerle un escrito al conseller, el conjunto de empresas de accesibilidad, diciendo ya que qué coño pasa, que se están dando ayudas a cuidadores familiares a mansalva y hemos pedido un informe jurídico a Uría Menénez (un prestigioso bufete, por cierto), además a iniciativa mía, que no lo vamos a pagar nosotros, lo va a pagar la patronal de las residencias éstas, contra los cuidadores informales familiares”.
Por eso el PP se cargó la Ley de Dependencia de Zapatero
La Ley de la Dependencia fue un proyecto personal de José Luis Rodríguez Zapatero, concebido como el cuarto pilar del Estado del Bienestar para atender a la parte más vulnerable de la población, los dependientes, cuyos cuidados en centros privados suponen unos gastos que solo pueden afrontar los ricos. En España, el cuidado de los dependendientes recaía y recae fundamentalmente en las mujeres, madres, esposas o hijas, que en el caso de tener que atender a un gran dependiente tienen que dedicarse en cuerpo y alma y por tanto renunciar a tener una vida laboral. Por eso, y para que el dependiente pudiera además estar en su hogar, se diseñó un doble programa de ayudas, por un lado el acceso y la subvención en residencias, y por otro el pago de un pequeño salario al familiar que cuidaba al dependiente. Además el Estado paga las cuotas a la Seguridad Social.
En cuanto el PP llegó al Gobierno, lo primero que hizo fue dejar de pagar las cuotas de la seguridad social a los cuidadores e inmediatamente después redujo las ayudas a unas cantidades ridículas. Ese era el primer objetivo: llenar las residencias.
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