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dijous, 22 de maig de 2014

Guillermo Moratal, alcalde de l'Orxa, investigado por corrupción

 El fiscal también investiga por corrupción al sustituto de la alcaldesa de Alicante

Guillermo Moratal, relevo de Castedo en las Cortes, fue de número 32 en la lista del PP

La implicación en causas judiciales agota la reserva de candidatos de los populares


Publicada en El País.com y escrita por Ignacio Zafra
El alcalde de Lorcha, Guillermo Moratal, y la exegidora de Polop María Dolores Zaragozá, en las Cortes al sustituir a Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, respectivamente. / KAI FÖRSTERLING (EFE)


Es conocido el problema del PP con su grupo parlamentario en las Cortes Valencianas, marcado por un alarmante número de imputadosdesde que empezó la legislatura. Hace unas semanas la dirección regional y por extensión la sede nacional de la calle de Génova tuvieron un momento de alivio cuando la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo,dejó su escaño tras dos años imputada en el caso Brugal.
Las implicaciones en causas de corrupción, las dimisiones e incluso una condena a prisión han hecho estragos en el grupo parlamentario, que tuvo que recurrir al número 32 (de 35) de su lista en Alicante para encontrar el recambio de Castedo. El respiro puede resultar, sin embargo, breve porque al elegido, Guillermo Moratal, alcalde del muy pequeño municipio de L’Orxa, también lo está investigando la fiscalía por supuesta corrupción.
El número de bajas en la bancada popular del Parlamento autonómico desde 2011 es alto, aunque el recuento se limite a la provincia de Alicante.
Han renunciado a sus escaños, pero no a la alcaldía, Castedo y Milagrosa Martínez, regidora de Novelda, a quien la trama Gürtel llamaba La Perla. El mismo camino han seguido la exconsejera Angélica Such y Luis Díaz Alperi, que gobernó Alicante desde 1995 hasta 2008 y está acusado de múltiples delitos en dos procedimientos. Pedro Ángel Hernández Mateo, alcalde de Torrevieja durante 20 años, representa un caso único.


Tres pesos del PP alicantino imputados. Ripoll, expresidente de la diputación; Castedo y Martínez, alcaldesas de Alicante y Novelda dimitidas como diputadas autonómicas. / PEPE OLIVARES
Hernández Mateo fue juzgado ycondenado a tres años de cárcelmientras ocupaba su asiento en las Cortes, y el Supremo confirmó el año pasado la sentencia. Su ingreso en prisión ha sido suspendido en tanto se resuelve su petición de indulto. Y la recogida de firmas apoyando la medida de gracia por parte de sus excompañeros de escaño generó una gran polémica, que tuvo que desautorizar el presidente de la Generalitat y del PP valenciano, Alberto Fabra.
El lugar que Hernández Mateo dejó vacío tras ser condenado por prevaricación y falsedad documental lo ocupó Elisa Díaz, hija del imputado en dos causas de corrupción y ahora dimitido como diputado Luis Díaz Alperi.
Todavía no ha sucedido, en estos tres años de legislatura, que el sustituto de un parlamentario implicado en un caso de corrupción se vea en la misma situación tras recoger el acta. Pero no puede descartarse que ocurra con la alcaldesa de Alicante y su sucesor Moratal.
La fiscalía abrió diligencias de investigación en junio del año pasado sobre la gestión del alcalde de L’Orxa, un municipio de menos de mil habitantes ubicado en el interior de Alicante, a los pies del río Serpis. Después de detectar indicios de los posibles delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación en el manejo de un millón de euros de subvenciones de fondos europeos para el desarrollo rural, el fiscal confió las pesquisas a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Moratal puede ser el primer recambio de un diputado imputado que sigue el mismo camino
Concluido el periodo de investigación que contempla la ley, de seis meses, la policía solicitó una prórroga, que fue autorizada por la Fiscalía General del Estado y que aún no ha terminado.
Moratal se acogió a un fondo de ayudas de la Unión Europea, que gestionaba la Generalitat, para construir un museo de energías renovables en su municipio. En 2012, tres años después de haber pedido las subvenciones, cuando las obras debían estar concluidas o muy avanzadas, resultó que Moratal ni siquiera había concretado el lugar donde debía erigirse el museo.
El servicio de supervisión de proyectos del Gobierno valenciano censuró la documentación aportada por el Ayuntamiento y por la entidad local de L’Orxa promotora del museo, que también dirigía Moratal. “Ni siquiera existe una referencia catastral que permita identificar la parcela donde se prevé la construcción del edificio”, se sorprendieron los autores del informe. Los auditores lamentaron las abundantes “incoherencias” sobre las características del inmueble y rechazaron aprobarlo.
La fiscalía halló indicios, después de que los hechos fueran denunciados por una funcionaria, de que el museo fantasma de L’Orxa podría haber captado dinero de más Administraciones, como el Ministerio de Industria.

Una denuncia desde dentro

La investigación que afecta a Guillermo Moratal, el sustituto de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, en el Parlamento valenciano se inició con la denuncia mucho más amplia de una funcionaria. Los hechos relatados por la empleada pública a la fiscalía abarcaban decenas de proyectosfinanciados con una mareante cantidad de dinero: 128 millones de euros que la Generalitat valenciana recibió de Bruselas a finales de la década pasada para fomentar el desarrollo de zonas rurales.
La funcionaria llevó el año pasado a la fiscalía numerosos documentos, la mayoría de los cuales están ahora en manos de la agencia antifraude europea (OLAF). Pero antes de acudir a esa vía, asegura, intentó que las supuestas irregularidades fueran corregidas desde dentro. Para ello habló con sus superiores en la Generalitat y con cargos del Partido Popular valenciano, al que pertenecía, sin encontrar apoyos, según su versión.
De lo que no hay dudas es de que tras denunciar los hechos el Gobierno valenciano la expulsó de su Administración por la discreta vía de no renovarle la comisión de servicio, una situación laboral en la que se encontraba desde hacía años. La funcionaria, que ha estado de baja, se ve ahora obligada a volver a Andalucía, que es donde tiene la plaza en propiedad.

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